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La motivación que ha guiado el presente trabajo ha sido la de proporcionar información veraz respecto a la complejidad de la privatización del sector de hidrocarburos, así como mostrar los datos procesados de los pagos que realizan las empresas petroleras por concepto de regalías e impuestos en Bolivia.
Como es de suponer, la investigación hubiera quedado trunca si no se hubieran relacionado dichos pagos con el presupuesto de ingresos y gastos del Estado, además de las connotaciones políticas que se derivan de toda la situación fiscal y tributaria. A pesar de que trabajamos con mayor profundidad el caso particular de la empresa transportadora Transredes, el lector podrá encontrar información acerca de la manera de cómo se fue construyendo un nuevo andamiaje político y estatal en Bolivia, es decir, cómo se fue levantando una nueva forma de relacionamiento entre el poder extranjero y el Estado. Este nuevo Estado Neoliberal o mejor dicho Neocolonial tiene entre sus soportes todo un andamiaje jurídico, tributario y burocrático administrativo que ha servido a los intereses de los capitales transnacionales extranjeros y concretamente de las corporaciones petroleras.
El análisis se sitúa entre los años 1999 – 2003, debido a que los datos obtenidos de las diversas instituciones gubernamentales abarcan mayormente dicho periodo de tiempo. Falta añadir a este reporte los gastos del Estado en el periodo 2002 – 2003, así como los resultados en términos políticos y tributarios para Bolivia, luego de la promulgación y aplicación de la nueva Ley de Hidrocarburos recientemente aprobada el 17 de Mayo de 2005.
Es importante señalar que nos encontramos en un proceso de investigación que aún no ha concluido, razón por la cual se puede considerar este documento como un adelanto del trabajo final que será entregado recién en el segundo semestre del año 2006. Existen todavía algunos vacíos en la información, debido a la dificultad de conseguirla en las oficinas gubernamentales, en razón de la existencia de cláusulas de confidencialidad que prohíben a las autoridades bolivianas proporcionar datos en detalle respecto a las empresas del sector de hidrocarburos. En nuestra peregrinación por la Superintendencia de Hidrocarburos y por el Servicio Nacional de Impuestos Internos casi siempre la respuesta que obteníamos a nuestros requerimientos era la siguiente: “sólo podemos proporcionar información general de todo el sector, pero estamos prohibidos de dar datos en detalle de cada una de las empresas”. Por lo anteriormente dicho, esperamos la comprensión de los amables lectores en el momento de juzgar nuestro trabajo.
Esta investigación ha sido posible gracias a un proyecto financiado por Civil Society Budget Iniatitive (CSBI) de los Estados Unidos y desarrollado por el Centro de Estudios Superiores de la Universidad Mayor de San Simón de Cochabamba (CESU). Expresamos nuestro especial agradecimiento al doctor Fernando Mayorga, Director del CESU, por habernos proporcionado en todo momento el apoyo institucional para llevar adelante nuestra labor.
El equipo del proyecto en la ciudad de Cochabamba estuvo conformado por Roberto Fernández Terán, como investigador principal, y, un equipo de ayudantes, muy entusiastas por cierto, entre los cuales mencionamos a Raúl Escalera, Ramiro Murillo, Iván Castellón y Gabriel Herbas. Dicho esto, ponemos este trabajo a consideración del público lector, con la esperanza de que sirva para fiscalizar de mejor manera a las empresas, así como generar propuestas más ricas en torno a los hidrocarburos desde la sociedad civil.
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