Universidad pública, derechos de los ciudadanos

María Esther Pozo

Los últimos años ha sido muy difícil describir nuestra universidad pública, la Universidad Mayor de San Simón, que atraviesa problemas de redefinición, problemas cuyas respuestas son fundamentalmente políticas ya que hace mucho tiempo perdió su relación con la sociedad, sin negar por supuesto los problemas del desarrollo académico. ¿Es que acaso debemos preguntarnos por carácter académico y del conocimiento en nuestro desarrollo sin promover la definición de su carácter político? Se trata de una cuestión básica, pero que no es fácil de responder, pues se deben realizar consideraciones sobre las posibilidades de desarrollo de San Simón. La primera surge de las capacidades y condiciones existentes para determinar la política universitaria pública y también las alternativas de producción académicas que pueden determinar distintas respuestas para la actual crisis universitaria.

La primera posibilidad se ha convertido en una batalla de personas con total desapego, sin ningún compromiso con la Universidad. Las definiciones y acciones llevadas a cabo en este espacio tienen tintes sin precedentes de lo absurdo. Ya no existe la discusión de la autonomía, del buen autogobierno, de pensarse a sí misma, de pensarse como un derecho ciudadano que también implica obligaciones ciudadanas dentro la autonomía que la caracteriza en términos políticos y económicos. Este es el espacio que debemos superar, es el marco en el que debemos tratar el tema académico, lo que hacemos en ella y el modo en que habitamos la universidad debe verse dramáticamente revolucionado.

De nada sirven discursos y propuestas académicas aisladas del reconocimiento político que exige reconocer que las universidades son instituciones públicas que tienen por misión garantizar un derecho humano y la libertad de ser ciudadano. En la universidad se han generado grupos corporativistas que pretenden definir la universidad sin ningún horizonte a expensas de la libertad y ciudadanía de docentes y universitarios, entendiendo el gobierno como una especie de preservación frente a grupos internos en la universidad, como autoritaria, invasiva, prepotente, que pretende cobrar una nueva legitimidad universitaria, a diferencia de años pasados donde la discusión principal era la autonomía universitaria y la pertinencia social de la universidad.

Se necesita realizar una transición que proponga políticas universitarias, reivindicaciones académicas de conocimiento y tecnología, y gestión universitaria que responda a las reivindicaciones anteriores con ética, honestidad que respete los derechos de las personas en todos sus ámbitos. La construcción sociopolítica universitaria debe estar dirigida a la integración interna del estamento docente y estudiantil con los estatutos, la reglamentación y los protocolos de los que la San Simón carece.

Toda discusión sobre la universidad pública, en este caso la Universidad Mayor de San Simón, debe traducirse en problemas concretos para tener sentido y no esconder generalidades como el dicho “todo es política no existe nada de lo académico”. Es necesario definir la crisis actual, todos estamos de acuerdo que la universidad está en crisis, pero ¿cuál es esa crisis? Necesitamos crear una nueva institucionalidad.

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